Antonio Gutiérrez y Ángel Dolado

Zaragoza.- Enfado general por parte de los agentes judiciales de Zaragoza, así como de representantes de los consumidores y del mundo sindical. Los abogados, procuradores y jueces se han mostrado “sorprendidos” ante el anuncio hecho el pasado 24 de febrero en el Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico de sacar adelante el Plan de Actuación de Edificios Judiciales del Gobierno de Aragón Para la Ciudad de Zaragoza. Una norma que está, según los profesionales del sector, lejos de lo dicho en las reuniones mantenidas con la Consejería de Justicia, Interior y Política Territorial a finales del año pasado.

El decano del Colegio e Abogados de Zaragoza, José Ignancio Gutiérrez Arrudi, ha indicado que el Plan presentado por la DGA, bajo la premisa de “dar respuestas a las necesidades de futuro de la ciudad” queda lejos de dar continuidad a lo ya planteado y consensuado entre las dos partes. Algo que, según los jueces y abogados, no parece ser así ya que se crearán tres sedes judiciales.

“Aceptamos la propuesta de la consejería de trasladar los juzgados de lo Penal al recinto de la Expo antes de 2011 como primera fase, sin embargo a partir del 2011 no hay nada concretado ni sobre el papel”. Por ello, Gutiérrez ha expresado la paciencia de los profesionales, ya que la actual situación económica y presupuestaria no es la mejor para llevar a cabo la ciudad de la Justicia, cuestión que ellos acatarán, sin embargo, los magistrados y juristas han exigido un acuerdo unitario en las Cortes para sacar adelante la Ciudad de la Justicia, lejos de cuestiones coyunturales.

Para los profesionales, el Plan supondrá la ruptura del concepto de unidad de todos los espacios judiciales de Zaragoza; el trato radicalmente desigual e injustificado de la ciudad de Zaragoza frente al resto de grandes ciudades españolas equivalentes. Además, de una ruptura del compromiso alcanzado para dar una solución definitiva al problema, mediante la ubicación de todas las sedes en un mismo lugar y en diferentes ejercicios económicos.

Por otra parte, también han indicado que con esta acción se rompen los criterios de negociación y razonabilidad que parecían regir la política del Departamento de Justicia, Interior y Política Territorial del Gobierno de Aragón en esta materia.

Más crítico se ha mostrado el juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado, que ha hablado “de tomadura de pelo” y ha indicado que en estos momentos, dada la dispersión judicial es incapaz “de gestionar la basura” de las sedes judiciales, en referencia a la destrucción controlada de documentos.

Dolado ha instado a que se recupere la idea de llevar todas las sedes judiciales al recinto de Ranillas y ha pedido, al igual que Gutiérrez, un acuerdo común entre las fuerzas políticas de la Comunidad, ya que la nueva sede judicial unitaria deberá afrontar el crecimiento vegetativo de la ciudad, (Gutiérrez ha indicado que en 15-20 años, Zaragoza podría tener un millón de habitantes) y la necesidad de aumentar las dotaciones judiciales ante el grave déficit de magistrados que sufre el Estado respecto a Europa.

Por ello, todos los representantes de la mesa han exigido que “se haga justicia” a la Justicia y que el principal actor: el ciudadano, no salga perjudicado en el asunto de las sedes judiciales.